CO.MU.TRA rechaza eliminación de programas y capacitaciones con perspectiva de género

Desde la Comisión de la Mujer Trabajadora (Co.Mu. Tra.) de la Asociación de Abogados y Abogados Laboralistas expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo ante las recientes decisiones del Poder Ejecutivo Nacional que implican un grave retroceso en materia de derechos humanos y políticas públicas de género.

Entre otras, la eliminación de programas destinados a la prevención y abordaje de las violencias por motivos de género, el decreto 436/2025, que suprime espacios vinculados a la igualdad de género y la diversidad, la derogación de los artículos 5° y 6° de la ley 27.214, que incorporaban contenidos educativos con perspectiva de género en la educación vial y la suspensión y desmantelamiento de las capacitaciones con perspectiva de género en el ámbito del Ministerio de Justicia, en abierta violación de la Ley Micaela.

Estas medidas constituyen una clara vulneración de las obligaciones constitucionales e internacionales asumidas por el Estado argentino (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; CEDAW; Convención de Belém do Pará, etc.).

A su vez, tienen consecuencias directas y estructurales en el mundo del trabajo y en el acceso a la justicia.

La eliminación de programas específicos y la desarticulación de áreas de género en organismos públicos afectan gravemente los mecanismos de prevención, denuncia, acompañamiento y reparación frente a situaciones de violencia laboral por motivos de género, tanto en el sector público como en el privado. Esto representa una afectación concreta al derecho al trabajo digno y libre de violencias, protegido por la Ley 26.485 (art. 6 inc. c) y por el Convenio 190 de la OIT, ratificado por nuestro país mediante Ley 27.580.

Particular preocupación genera la cancelación de las capacitaciones obligatorias con perspectiva de género en el Ministerio de Justicia, dado que esta área es clave en la formación de agentes estatales, personal judicial y penitenciario, y operadores del sistema legal. La Ley Micaela N° 27.499 establece la obligatoriedad de esta formación para todas las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado. La omisión deliberada de este deber no solo incumple una norma vigente, sino que debilita la respuesta institucional frente a la violencia de género y perpetúa prácticas discriminatorias dentro del sistema de justicia y en otros ámbitos laborales.

Además, al recortar estas políticas, el Estado incumple el principio de no regresividad de los derechos humanos, reconocido tanto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que impide eliminar o reducir niveles de protección previamente alcanzados.

Estas decisiones agravan las ya existentes brechas salariales y de ingresos, desigualdad en el acceso a cargos jerárquicos, feminización de la pobreza y precarización del empleo en sectores feminizados. También silencian y desprotegen a quienes sufren acoso y hostigamiento por razones de género en sus ámbitos laborales, quitando herramientas para su prevención, visibilización y denuncia.

Frente a este panorama, exigimos la inmediata restitución de los programas y políticas eliminadas, el cumplimiento efectivo de la Ley Micaela y la adopción de medidas integrales para garantizar ambientes laborales seguros, igualitarios y libres de violencias.

Desde nuestro lugar como abogadas laboralistas, ratificamos el compromiso con una justicia con perspectiva de género y seguiremos actuando frente a cualquier forma de regresión en materia de derechos conquistados.

Comisión de la Mujer Trabajadora – AAL