Trabajadorxs del subte: Contra la criminalización de la protesta sindical

Desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) denunciamos el intento de criminalización de la protesta sindical llevado adelante por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la empresa SBASE y su concesionaria Emova, contra los trabajadores y las trabajadoras del transporte subterráneo de pasajeros y premetro.

La causa penal promovida bajo la figura de asociación ilícita, contra 171 compañeros y compañeras del subte, y representantes sindicales, impulsada por la fiscal Celsa Ramírez, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas nº 35 de CABA, históricamente disciplinada a las políticas de persecución social del gobierno de la ciudad, constituye un nuevo intento regresivo de responder con más represión a las legítimas medidas de acción sindical llevadas a cabo por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en reclamo de seguridad y mejores condiciones de trabajo.

El objetivo represivo y disciplinador de la causa penal se evidencia en el hecho de que fue la propia empleadora la que hizo saber la existencia de la misma a los trabajadores por canales internos de la empresa, consignándola en sus legajos y notificando las citaciones.

A través de esa conducta represiva se vulneran las garantías a la libertad sindical del art. 14 bis de nuestra Constitución y aquellas contenidas en normas internacionales sobre derechos humanos fundamentales de aplicación directa a nuestro ordenamiento jurídico por remisión del art. 75 inc. 22 de la Carta, entre ellas las disposiciones de los Convenios 87, 98 y 135 OIT, los derechos colectivos tutelados en la Declaración de Filadelfia de 1944, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Derechos también tutelados en forma expresa en las garantías a la organización y la acción sindical establecidas en la Opinión Consultiva 27/2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La imputación penal a trabajadores y trabajadores del transporte subterráneo y premetro, y a sus representantes -conocidos como metrodelegados- se configura como conducta absolutamente ajena a los principios esenciales de un Estado social de derecho, pretendiendo callar con represión los reclamos justos y legítimos de quienes aportan su trabajo diario para el bienestar de tantos habitantes de la ciudad y conurbano.

Toda nuestra solidaridad para con ellos, y nuestro reiterado reclamo de cese de las políticas de represión social que se vienen desatando sobre la población, y en particular sobre quienes viven de su trabajo.