La regresión en materia laboral que implica el mega proyecto de «Ley Ómnibus»

El proyecto presentado por el Jefe de Gabinete de Ministros/as a la Cámara de Diputados/as de la Nación el 27 de diciembre pasado, denominado “LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS”, conocido popularmente como “Ley Ómnibus”, comienza con una amplia y extensa delegación de facultades legislativas de competencia exclusiva del Congreso Nacional en favor del Poder Ejecutivo Nacional, que importa la concentración de poder público en cabeza de este último y representa una flagrante violación al sistema de división de poderes, pilar fundamental de la forma republicana de gobierno adoptada por la Constitución Nacional (arts. 1, 75, 76 y 99 inc. 3 de la CN), constituyendo un hecho de gravedad institucional inusitada.

En este documento, la AAL analiza punto por punto cuales son los ejes regresivos de esta propuesta que se debate actualmente en Comisiones de la Cámara Baja y concluye:

«Esta “Ley Ómnibus” contiene una amplia, variada y excesiva delegación de facultades legislativas exclusivas del Congreso Nacional en favor del Poder Ejecutivo Nacional, que viola la prohibición prevista en el art. 76 de la Constitución Nacional, al punto tal de importar una concentración del poder público en cabeza del Ejecutivo, contraria al sistema de división de poderes y a la forma republicana de gobierno, y es de una gravedad institucional ingente.

«Las reformas que introduce en materia laboral, están destinadas a criminalizar la huelga y la protesta social a niveles tales que vulneran las libertades más básicas de cualquier persona dentro de un Estado de Derecho. También las modificaciones al régimen de empleo público nacional se orientan a posibilitar los despidos dentro de la Administración Pública Nacional, vulnerando el mandato constitucional de protección contra el despido arbitrario, y también están destinadas a desfinanciar a las organizaciones sindicales del sector y desalentar el ejercicio del derecho de huelga.

«Estas modificaciones legislativas se insertan dentro del marco de mayor ajuste, desregulación y achicamiento del Estado en materia de empleo y acción social realizados por el nuevo gobierno nacional, en un contexto de grave crisis económica, crecimiento de la pobreza y pérdida estrepitosa del poder adquisitivo de los salarios y los ingresos de los sectores más vulnerables. 

«El proyecto se orienta a endurecer y ampliar el aparato represivo del Estado de forma inversamente proporcional a la que se reduce en materia económica y social, para intentar hacer frente así al crecimiento del conflicto y de la protesta social que inevitablemente despertará las políticas de ajuste que se continúan implementando. 

«Esta situación es de suma gravedad por representar el abandono total por parte del Estado de su rol de garante de los derechos humanos laborales y sociales impuesto por mandato constitucional, para adoptar una posición principalmente criminalizadora y represiva contra aquellas personas que reclaman por el cumplimiento de esos derechos en el marco de una durísima crisis económica y social.

«Por todo lo expuesto exigimos y reclamamos a los/las diputados/as y senadores/as el rechazo total del mega proyecto de ley en tanto muchas de sus disposiciones resultan contrarias al bloque federal de constitucionalidad y  violatorias de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos con Jerarquía Constitucional (art. 75 inc. 22 CN), generando responsabilidad internacional del Estado Argentino».