12 Jun 2023

DERECHO DE HUELGA Y DE PROTESTA SOCIAL

AAL contra la represión en Salta y Jujuy

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La Legislatura de la Provincia de Salta sancionó el pasado 1º de junio una ley contra el Derecho de Huelga y de Protesta Social, no sólo con el fin de limitarlo sino con la finalidad de criminalizar su ejercicio.

Mediante un tratamiento apresurado, sin el debido debate en comisiones, se aprobó el texto legal que establece el cumplimiento de requisitos formales como notificar con no menos de 24 horas de antelación a la comisaría más cercana la realización de una protesta o manifestación pública, indicando hora de inicio, tiempo de desarrollo, objetivo de la protesta y responsables de la medida, sean entidades o personas humanas, bajo apercibimiento de que: “Las protestas o manifestaciones que no cumplan con lo preceptuado precedentemente y obstaculicen el ejercicio de los derechos mencionados no serán permitidas”, posibilitando el “…desalojo por parte de las fuerzas de seguridad”.

Así, será el propio gobierno impulsor de este proyecto quien determinará si se ha cumplido acabadamente con los requisitos legales, habilitando el mecanismo represivo para “desalojar” a los manifestantes, siendo quien decida si la protesta o manifestación pública será permitida o no.

La huelga, consagrada expresamente como derecho de las y los trabajadores por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, constituye junto con al derecho de sindicación y de negociación colectiva, un pilar fundamental de la libertad sindical, derecho consagrado en Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por nuestro país, por lo que cualquier reglamentación que pretenda conculcar su ejercicio resulta ilegal y contraria al ius cogens.

De la misma forma, los derechos de reunión y de peticionar a las autoridades públicas, constituyen derechos humanos fundamentales reconocidos en los mismos instrumentos mencionados y su ejercicio no puede estar supeditado a ninguna autorización previa.
Llama poderosamente la atención que la mencionada ley tenga por objeto: “… toda reunión de personas que, con un objetivo común, con o sin desplazamiento en el espacio de uso público, por un tiempo determinado y sin violencia, reclama o reivindica derechos ante las autoridades públicas o entes privados”.

Siendo que se trata de manifestaciones totalmente lícitas y sin violencia que reclaman o reivindican derechos, nada justifica la previa intervención de las fuerzas policiales y la posibilidad de su desalojo. Por el contrario, no sólo debe garantizarse su ejercicio, sino que deben arbitrarse los medios idóneos para posibilitar el reconocimiento y goce efectivo de los derechos por los cuales se reclama y se manifiesta.

La referida ley, no sólo limita y reprime el ejercicio de los derechos de huelga y de protesta social, sino que claramente criminaliza a quienes reclaman y reivindican el cumplimiento de sus derechos, siendo el propio Estado el que incumple así con su obligación como Estado Social de Derechos de garantizar su goce efectivo.

No puede soslayarse el hecho de que Salta se encuentra atravesada por un conflicto sindical en los sectores de la salud y la educación, cuyas reivindicaciones desatendidas han originado varias jornadas de protesta que vienen haciendo sonar su voz fuertemente y de forma sostenida.

Y que, sin duda, esta ley constituye un antecedente que pretenderá ser emulado por otras provincias, como respuesta a una situación socio económica sumamente grave provocada por años de políticas neoliberales que están lejos de modificarse y que tiene sumergida en la pobreza a más del 40% de la población.

En esta misma línea represiva, el gobierno de Jujuy se encuentra impulsando una reforma constitucional de claro corte regresivo, especialmente en materia de provincialización de recursos estratégicos como agua y litio, y la criminalización de la protesta social.

Por decreto, el gobernador Gerardo Morales he reformado recientemente el Código Contravencional de la Provincia de Jujuy criminalizando la protesta social y posibilitando la intervención policial con vistas a impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Todo esto en el contexto de un amplio conflicto gremial docente que cuenta con gran respaldo popular.

Nuestra Asociación repudia enérgicamente ésta avanzada contra los derechos sociales y alerta sobre la imperiosa necesidad de mantener la cohesión, solidarizándose con la lucha y la movilización popular contra quienes pretenden despojar a las y los trabajadores de sus derechos humanos fundamentales.

Su ejercicio debe estar garantizado, sin limitaciones de ninguna naturaleza, como las que bajo la edulcorada presentación en forma de “convivencia pacífica y paz social” esconden su verdadero propósito aniquilador de tales derechos.

En este número