Día Internacional de los DDHH y a 40 años de la recuperación de la democracia

En el Día Internacional de los Derechos Humanos y a 40 años de recuperación del orden institucional, debemos señalar que los más recientes acontecimientos sociales, económicos y políticos nos han demostrado, una vez más, que el goce efectivo de los derechos humanos sociales y laborales no resulta compatible con hacer recaer en la clase que vive de su trabajo, las consecuencias de una crisis que no ha generado, como así también postergando sus reivindicaciones históricas por una sociedad más igualitaria y libre de la explotación del trabajo ajeno.

Muy lejos de tales anhelos, nos encontramos hoy, atravesando una profunda crisis social y laboral, con salarios de miseria, formas precarizadas de contratación laboral, trabajo no registrado y la insatisfacción de la mayoría de las necesidades más elementales para los sectores más postergados de la sociedad. 

El crecimiento exponencial de los niveles inflacionarios golpea con dureza la vida cotidiana de los trabajadores y las trabajadoras, disminuyendo notablemente el poder adquisitivo de sus ingresos, generando cada vez más trabajadores y trabajadoras pobres, pese a tener trabajo.

Los pésimos niveles salariales obligan a aumentar las horas de trabajo, debiendo realizar excesivas horas extras, recurriendo al pluriempleo, o generando ingresos de manera informal,  afectándose la salud y la vida de la mayoría de las personas trabajadoras y aumentando   la explotación del capital.

Pero las consecuencias de la crisis no sólo se hacen sentir en los ingresos, sino también en las condiciones de trabajo en general. Al trabajo no registrado y a las diferentes formas de precarización y de fraude laboral, se le suman nuevas modalidades de trabajo a través de la utilización de plataformas virtuales que llevan a la auto-explotación en condiciones indignas de trabajo, sin reconocimiento de los derechos laborales más básicos.

El resultado de todo ello es, por un lado, trabajadores y trabajadoras sobre explotados, y por el otro, trabajadores y trabajadoras excluidas del empleo formal, debiendo recurrir a la ayuda social para intentar subsistir de algún modo, en un contexto de ajuste de las políticas sociales impuestas por el FMI.

La pandemia y la imposición patronal por reducir los costos laborales, han ocasionado el crecimiento de la modalidad denominada “teletrabajo”, llevando a los trabajadores y a las trabajadoras a tener que cumplir sus tareas en sus propios hogares, alterando la vida familiar y poniendo al servicio de la patronal un espacio que antes les era exclusivo. De esta manera, no sólo la patronal reduce costos laborales y los trabajadores y trabajadoras pierden un espacio propio y reservado al ámbito familiar, sino que los límites entre la jornada laboral y el espacio de tiempo propio se desdibujan, con particular incidencia sobre las trabajadoras mujeres que sufren la doble explotación del capital y del patriarcado, ahora en simultáneo dentro de un mismo espacio y tiempo.

El crecimiento del poder empresarial a la hora de fijar en su exclusivo provecho las condiciones de trabajo para la enorme mayoría de trabajadores y trabajadoras, es clara señal no sólo de la falta de incidencia del Estado en el rol protectorio que debe asumir por mandato constitucional, sino también del disminuido rol que asumen en muchos casos las asociaciones sindicales para defender los derechos e intereses de esos trabajadores y trabajadoras, al punto tal de que, paradójicamente, sean vistos por gran parte de la sociedad como los causantes de las pésimas condiciones de vida y de trabajo en las cuales se encuentran, alimentando un profundo discurso antisindical originado por los sectores del poder empresarial.

El ajuste gradual de las políticas sociales, la postergación de las reivindicaciones históricas y la degradación social intensificada con la implementación de las políticas del FMI, han colocado en el gobierno nacional a nuevos representantes del poder económico que buscan acelerar aún más el ajuste y la quita de derechos laborales y sociales, con un discurso profundamente antidemocrático, negacionista, patriarcal e individualista, que amenaza a nuestra reclamo histórico de Memoria, Verdad y Justicia.

La avanzada empresarial acompañada sus viejas reivindicaciones de reforma laboral flexibilizadoras tales como la eliminación de las indemnizaciones por despido y por trabajo no registrado, la implementación de un fondo de cese laboral que abarate los despidos, la flexibilización de la jornada de trabajo mediante la creación de un banco de horas que le permita al empleador modificar los horarios de trabajo sin tener que pagar recargos por horas extras, la creación de regímenes legales especiales que excluyan a trabajadores y trabajadoras del ámbito de protección de la Ley de Contrato de Trabajo, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, la posibilidad que los convenios colectivos de empresa con peores condiciones de trabajo se impongan a los convenios colectivos de actividad, la criminalización del derecho de huelga y la protesta social, entre otras reformas laborales.       

A esto debemos sumar el objetivo de aplicar tradicionales medidas económicas neoliberales que buscan profundizar las desigualdades sociales, achicar el rol del Estado en materia social, abandonar los derechos humanos como política de Estado, desatender las desigualdades sociales y las de género, eliminar la educación y la salud públicas, entre otras medidas, colocando al Mercado como determinante de las reglas del juego, que no es otra cosa que entregar nuestro destino a la entera voluntad de los poderosos y sus intereses.

Ante los duros y sombríos tiempos que se nos avecinan, contamos para enfrentarlos con las enseñanzas poderosas de quienes nos precedieron en la lucha por una sociedad más justa. Enseñanzas que nos indican que para enfrentar la avanzada de los sectores de poder no podemos retroceder y abandonar nuestras reivindicaciones hasta alcanzar una sociedad igualitaria y libre de la explotación y de la opresión. No podemos abandonar los principios básicos de la solidaridad, la igualdad y la organización obrera como los cementos primordiales para construir esa nueva forma de sociedad y enfrentar a quienes se le oponen.   

En esa dirección para enfrentar la embestida empresarial y comenzar a construir mejores condiciones de vida y de trabajo, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas se opone y rechaza cualquier intento de reforma laboral destinada a flexibilizar las condiciones de trabajo y/o quitar derechos a trabajadores y trabajadoras. Por el contrario,   entendemos que cualquier reforma laboral que se quiera implementar debe, al menos, comenzar atendiendo a los siguientes aspectos:

1) Que se cumpla con las disposiciones del art. 14 bis de la Constitución Nacional, cuya normativa es ignorada en la práctica. Es urgente que se operativicen sus contenidos pues allí se centran derechos esenciales y humanos de las y los trabajadores;

2) Que se eliminen todas y cada una de las disposiciones vigentes impuestas por la dictadura cívico militar a la Ley de Contrato de Trabajo;

3) Que se restablezca el contenido original de la Ley de Contrato de Trabajo y supere el piso mínimo a favor de trabajadores y trabajadoras;

4) Que se reconozca la estabilidad laboral, prohibiendo los despidos sin causa, dado que en esta sociedad el trabajo es la única garantía para la vida de las personas que solo cuentan con su capacidad de trabajo;

5) Que se democraticen las relaciones laborales en el ámbito de la empresa y se ponga un coto a las facultades de organización del empleador por sobre la persona que trabaja en ese espacio;

6) Que se adecue la Ley de Riesgos del Trabajo a los estándares constitucionales, Convenio OIT 155 y Protocolo 2002 y Convenio OIT 190, terminando con el negocio de las ART;

7) Que los derechos colectivos, sindicales y de huelga sean respetados en todo su alcance tanto legislativa como jurisprudencialmente;

8) Que los salarios y los ingresos alcancen a cubrir la canasta familiar y se cumpla con la Ley de Contrato de Trabajo sobre los rubros que debe satisfacer el salario mínimo vital y móvil; es decir, que cubran plenamente alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

9) Reducción de la jornada de trabajo, sin reducción del salario;

10) Que se reconozcan los trabajos de cuidado, consagrando licencias amplias y obligatorias para todos los géneros. Asimismo, con enfoque feminista, se modifiquen las normas de la LCT que consagran la división sexual del trabajo en perjuicio de las mujeres trabajadoras, basada en estereotipos binarios, adecuando sus estándares de protección al bloque federal de constitucionalidad (CEDAW, Convención Belem do Para, Convenio OIT 190).   

No cabe duda del valor que como sociedad tiene el haber transcurrido cuarenta años de institucionalidad democrática, cuando tanto nuestro país como la región han sido históricamente objeto de dictaduras militares cada vez más sangrientas. Pero no es menos cierto que los mismos que sostuvieron los golpes al orden institucional, nunca dejaron de estar al acecho y siguen hoy, legitimados por el voto, dictando las políticas económicas que hambrean al pueblo.

Por ello, resulta imperioso señalar que esta democracia sólo estará consolidada cuando el respeto por los DDHH de todos y todas,  incluyendo estas reivindicaciones en materia de derechos humanos laborales y sociales, sea una realidad. De igual modo, nos sumamos una vez más al reclamo por MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, afirmando  que fueron 30.000 los desaparecidos y desaparecidas, y que lo ocurrido en la última Dictadura Cívico-Militar no fue una guerra. Fue un GENOCIDIO.