De las políticas de empleo e ingresos que necesitamos: modelo para armar

En el contexto de la pandemia,  once millones de argentinos y argentinas accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), hoy desactivado. Mientras el debate mediático gira en torno a quién administra los llamados “planes sociales”, desde algunos sectores se intenta capitalizar la coyuntura para contrabandear una posición ideológica: la supresión de todo sustento material para los y las que menos tienen. 

Desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas reconocemos el rol esencial que cumplen las trabajadoras y trabajadores de la economía popular y sus organizaciones. En la medida que el Estado Argentino no garantice derechos fundamentales (principalmente el acceso al trabajo) no puede caber ninguna duda sobre la legitimidad de sus reclamos.

El Estado, de acuerdo a los instrumentos internacionales que ha ratificado y que consagran el derecho humano fundamental al trabajo de todas las personas, tiene un rol indelegable en la generación de políticas públicas que garanticen el empleo registrado de todas y todos. Sin embargo, la magnitud de la crisis argentina impone que aquella obligación conviva con el desarrollo de una política de ingresos que incluya y contenga a quienes no poseen ingresos para cubrir sus necesidades mínimas, más allá de estrategias e instrumentos particulares.

Si nuestra Constitución Nacional tutela el trabajo en todas sus formas, las y los laboralistas debemos ser los primeros en advertir que ese conjunto de millones de excluidos y excluidas del  universo de trabajadores/as  asalariados/as, se compone -también y sobre todo- de trabajadores y trabajadoras.

Desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas bregamos por el despliegue de políticas públicas adecuadas y suficientes, que estimulen el empleo asalariado y registrado,  y que a su vez coexistan con otras que reconozcan aquellas formas de trabajo  que el sistema productivo descarta.