El estado de no derecho

Luego de las grandes movilizaciones populares y del movimiento obrero del 29 de noviembre, 6, 14 y 18 diciembre de 2017, con un Parlamento cuestionado por su aval a las regresivas reformas previsional y tributaria, el Gobierno Nacional volvió a desconocer los elementales canales constitucionales dictando de un mega decreto de necesidad y urgencia.

Sumemos a ello que comenzamos el 2018 con una nueva devaluaciónde la moneda, y la inflación sigue aumentando, con su inocultable efecto sobre los salarios reales, que ven perder su poder adquisitivo día a día. La respuesta del pueblo para el inicio de este año 2018 fue la masiva movilización de trabajadores y de movimiento sociales del 21 de febrero.

El discurso del Presidente Macri ante la Asamblea Legislativa al inaugurar el período de sesiones del Congreso tuvo que recurrir a la burda alegoría del Principito, según el cual el crecimiento económico no se ve “porque es invisible a los ojos”.

Para imponer su política el Gobierno también vulnera el mandato popular. Durante todo el año 2017 sostuvo que no habría reformas laborales a la ´brasileña´ y que no se iba a afectar los recursos previsionales ni los derechos de los sectores más vulnerables como los jubilados, los beneficiarios de la AUH o aquellos que reciben pensiones no contributivas. Sin embargo, inmediatamente luego de las elecciones de octubre, envió un paquete de reformas de carácter integral que afectaron sustancialmente a todos los beneficiarios del sistema de la seguridad social, reduciendo el monto de los beneficios a través de la modificación a los índices de actualización de las prestaciones, también sustituyendo normas que versan sobre los requisitos necesarios de los trabajadores para acceder al beneficio jubilatorio, ampliando la edad jubilatoria en forma indirecta, congelando los salarios y los aportes a considerar para el cálculo del haber y estableciendo distintos beneficios jubilatorios de acuerdo a los años aportados.

Junto a dicho proyecto, acompañó otros dos: uno de reforma tributaria donde, entre otras cuestiones, mantuvo un dudoso artículo sobre la imposición del impuesto a las ganancias sobre las indemnizaciones laborales y/o retiros voluntarios.

Pero el más grave para nosotros, claro está, es el de reforma laboral. Desde la AAL dimos una importante batalla difundiendo su contenido regresivo. Tal como expresamos en esa oportunidad, el proyecto venía sustancialmente a modificar elementales institutos del derecho del trabajo, como lo es el principio de irrenunciabilidad al permitirse renunciar a derechos adquiridos o realizar acuerdos modificatorios de condiciones laborales a la baja.Por otro lado, también lo denunciamos, el texto enviado al Senado fomenta el fraude laboral al excluir de la protección de las leyes laborales al trabajador profesional autónomo económicamente vinculado, profundiza aún más la tercerización laboral, reduce las indemnizaciones por despidos y elimina las indemnizaciones por trabajo no registrado, al tiempo que establece una suerte de blanqueo que involucra una serie de beneficios a favor de los empleadores incumplidores, entre otros tópicos.

En estos días pareciera que ese proyecto será modificado, dividido, o incluso trocado por un decreto reglamentario de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que está claro, es que la voluntad oficial es modificar el marco normativo en favor de los empleadores.
Así, más allá de su forma, el conjunto de reformas compromete al Estado Argentino a nivel internacional respecto de sus obligaciones en materia de derechos humanos, derechos que además tienen una consagración en el propio ordenamiento jurídico internacional a través del artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución.

La incesante tarea de la AAL incluyó, de forma previa, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Junto con otras organizaciones de DDHH, sindicales, sociales y políticas, expusimos ante la CIDH la alarmante escalada represiva del Gobierno Nacional y la persecución aabogados y jueces del trabajo por su actividad profesional y el cumplimiento de sus funciones públicas en el último caso. Dimos cuenta de que el virulento ataque público a las abogadas y abogados de los trabajadores y sus organizaciones gremiales era un ataque al propio movimiento obrero y a los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
La persecución no se expresaba sólo en términos mediáticos, sino que tenían su materialización, por ejemplo, a través de listas negras creadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que tiene por función “tomar nota”, “registrar” a los abogados que planteen cuestionamientos constitucionales a las Leyes de Riesgos del Trabajo.

La política de ajuste del Gobierno se expresa en la reforma del estado con miles de despidos en el sector público – los despidos en Fabricaciones Militares, en el INTI, ANSES, el Hospital Posadas, en la TV Pública y en los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, entre otros-. Estos despidos no sólo condensan un ajuste a la planta de trabajadores sino una determinación política de vaciamiento de áreas sensibles que hacen a la libertad de expresión, la protección de la industria nacional, los recursos naturales del estado y la protección y desarrollo de políticas al servicio de los sectores más vulnerables de la población.

En este contexto, el gobierno ha actuado también con la complicidad de sectores de la justicia. El desconocimiento de las decisiones de la CIDH respecto de la detención arbitraria de Milagro Sala da cuenta de ello. Dobla la apuesta el gobierno atreviéndose a pedir la renuncia de Eugenio Zaffaroni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una insólita misiva que altera todas las reglas del protocolo internacional y coloca a nuestro país en una situación de absurdo en contradicción con la declamada intención de insertarse en el mundo.

Párrafo aparte merece el recrudecimiento de la política represiva del Gobierno de la protesta social, lo que incluyó ya dos muertes en contextos de reclamos populares.

Asimismo, conculca los elementales pilares del Estado de Derecho la utilización de la prisión preventiva como mecanismo de control de la protesta social y neutralización de opositores políticos. Repudiamos las detenciones y procesamientos masivos luego de las movilizaciones de diciembre, utilizando tipos penales abiertos y figuras como “la sedición” con el fin de crear un estado de excepción que justifique el avance del poder punitivo.

Estamos en presencia de un cataclismo institucional donde el estado social de derecho está en crisis, una crisis impuesta por los mismos poderes del estado. En presencia de una enconada regresiva contra las garantías y derechos reconocidos constitucionalmente a los trabajadores y al conjunto de las mayorías populares. Como abogadas y abogados de los trabajadores no podemos dejar de ratificar nuestro compromiso con la clase trabajadora y con el Estado Social de Derecho.