Por la defensa irrestricta del derecho de huelga y los derechos de las personas que trabajan

Apelando a información falsa y tergiversada, la organización APYMEL (Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas), promueve un “llamado a la racionalidad judicial” que encubre su verdadero propósito de disciplinar a sus empleados, limitar su derecho de huelga y confundir a la opinión pública presentándose como víctima de un conflicto del cual la empresa Lácteos Vidal es la única responsable.

Cabe recordar que el conflicto tuvo su origen en la decisión empresaria de negarse a reconocer el derecho de los trabajadores a ser registrados conforme su verdadera categoría profesional y que, como consecuencia de su ejercicio legítimo de la huelga, fueron despedidos.

Lo que siguió, es decir el trámite judicial, viene siendo utilizado por la empresa para denunciar una supuesta violación de su derecho de propiedad y, más grave aún, como la “extorsión del gremio” y “el ensañamiento e irracionalidad de un juez” con el claro propósito de abonar el remanido argumento de que los derechos laborales atentan contra la generación de empleo, caballito de batalla del sector del poder concentrado que viene encontrando eco en la reforma constitucional de Jujuy, en la prensa que responde al poder concentrado y en un importante sector de la sociedad. También lo encuentra en los numerosos proyectos de reformas laborales regresivas, que se intentaron aplicar tantas veces y que se anuncian como un hecho inminente ante un eventual triunfo de los representantes de estos sectores en las próximas elecciones.

Así, se propone la eliminación de las indemnizaciones de la ley 24.013 sobre trabajo no registrado, la derogación de la indemnización por despido y su reemplazo por un menguado fondo de cese laboral, la regulación del “trabajador autónomo económicamente vinculado” y el encuadramiento del trabajador de plataformas por fuera de la normativa laboral general y con menos derechos, limitaciones al derecho de huelga y a la protesta social, etc. Todas estas medidas formaron parte del proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno de Mauricio Macri en el año 2017 y fueron rechazados por las movilizaciones populares de ese año. Constituyen estas reformas históricas aspiraciones del gran capital concentrado, para quitar derechos históricos de la clase trabajadora y profundizar el ajuste sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.

Tampoco es nuevo el ataque a los jueces laborales cuando cumplen su función específica, resolviendo los conflictos en base a la normativa de fondo y de forma, con imparcialidad mas no neutralidad, y con vistas a la realización de justicia social, como  obligación suprema.

La apelación a la “racionalidad judicial” que realiza Apymel no es otra cosa que otro intento de disciplinamiento con el mismo propósito que cuando se ataca a la abogacía laboralista: volver al trabajo asalariado sin derechos.

Entendemos que el progreso social se logra con la ampliación de derechos y con la inclusión social de los segmentos más postergados de nuestra sociedad. Para ello, la historia de los pueblos y de las luchar de las clases oprimidas, ha demostrado que el reconocimiento irrestricto de la huelga y de la protesta social importa el camino para alcanzar tales aspiraciones, por ser sus herramientas históricas para la defensa y conquista de mayores derechos y mejores condiciones de vida. Por tales motivos, nos pronunciamos por el reconocimiento del derecho de huelga, de protesta social y de todos aquellos derivados de los principios de libertad y democracia sindical. Repudiamos la campaña de prensa, falsa y antisindical, lanzada por APYMEL contra quienes defienden sus derechos laborales y nos manifestamos nuevamente y siempre en contra de cualquier reforma laboral regresiva que promueva la precarización y la quita de derechos para quienes viven de su trabajo.

Consejo Directivo.