Grave ataque a la función jurisdiccional

La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas manifiesta su más enérgico repudio ante los hechos de público conocimiento que involucran una denuncia penal presentada por el autodenominado «Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB)» contra el Dr. Raúl Ojeda, magistrado del fuero laboral, con fundamento exclusivo en decisiones adoptadas por el juez en el marco del ejercicio legítimo de sus atribuciones jurisdiccionales.

Esta Asociación entiende que promover acciones penales contra un juez por el contenido de sus fallos constituye una forma de represalia inadmisible en un Estado de Derecho. Tal proceder no solo vulnera el principio cardinal de independencia del Poder Judicial, sino que también contradice los fundamentos mismos del sistema republicano y democrático de gobierno consagrado en nuestra Constitución Nacional.

Resulta aún más grave que dicha denuncia emane de una entidad que carece de personería jurídica, habiendo sido privada de ella por decisiones tanto administrativas como judiciales, lo que obsta a su legitimación para actuar como sujeto de derecho en procesos de cualquier índole.

No puede soslayarse, además, el contexto en que estos hechos se producen. La reiteración de este tipo de prácticas intimidatorias —de amplia difusión pública— revela un objetivo preciso: condicionar la actuación futura del magistrado denunciado y, por extensión, enviar una señal disuasoria al conjunto de los jueces y juezas del fuero laboral. Ello adquiere especial gravedad en un momento en que se encuentra en plena vigencia una reforma legislativa en materia laboral cuya constitucionalidad está siendo debatida ante los propios tribunales de justicia, ámbito que la Carta Magna establece como el competente para dirimir tales controversias.

Cómo es sabido las discrepancias con una resolución judicial tienen a su disposición los mecanismos procesales que el ordenamiento jurídico prevé a tal efecto para quienes son parte en el proceso. Recurrir en cambio a “denuncias” penales, presiones mediáticas o ataques a la persona de los magistrados y magistrados no configura el ejercicio de un derecho, sino la instrumentalización del sistema judicial con fines de amedrentamiento.

La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas reafirma que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces y de las juezas: es una garantía de toda la ciudadanía. Por ello, rechazamos categóricamente cualquier intento de subordinar la función jurisdiccional a presiones externas, cualquiera sea su origen, y exigimos el cese inmediato de estas prácticas que socavan el orden democrático y el estado de derecho.

Consejo Directivo – Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas