AAL repudia el plan de operaciones contra la clase trabajadora

La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas repudia el nuevo decreto que ha dado a conocer el Poder Ejecutivo Nacional (717/2025), por el cual se propone centralizar en un solo organismo lo que llama «la lucha contra el terrorismo».

La primera observación que a la luz de la nueva norma debemos hacer es que, Argentina no tiene ninguna actividad terrorista en su territorio. El decreto tampoco sostiene que la haya, sino que alude a su pertinencia en un convenio sobre la materia que el país suscribió en 2002 en la ciudad de Barbados. No es menor destacar que, desde entonces, nunca fue necesario aplicar sus recomendaciones.

Son tres las cuestiones centrales que establece la norma:
1) Introducir la insólita figura de «el ciclo terrorista», es decir, considerar que se puede perseguir un supuesto delito de peligro, algo prohibido por la doctrina en todo el mundo. Bastará con suponer que «algo están preparando», lo que admite incluso la expresión de ideas o actos legítimos que a juicio del gobierno no necesita ser un acto terrorista en sí, sino formar parte de un hipotético «ciclo» preparatorio.
2) En su artículo 6 inc. B subordina a todas las fuerzas armadas, incluidas las policíales de provincias y municipios, a responder obligatoriamente a sus directivas. De este modo, se arremete de forma directa contra la Constitución Nacional y el federalismo, subordinado al personal armado del Estado a las ordenes de uno solo de sus poderes: el Poder Ejecutivo nacional.
3) El organismo centraliza en sus manos toda la información financiera del país, y de este con el exterior. ¿La excusa? controlar fondos eventuales de grupos terroristas. Esto habilita al Poder Ejecutivo a controlar directamente el movimiento de capitales de manera exclusiva; lo cual evitaría filtraciones indeseadas del flujo de capitales “amigos” y el posible intento acusatorio a aquellos sectores que no se disciplinen al mandato único del PEN.

En resumen: un Gobierno que actualmente se encuentra sospechado de tener lazos financieros con el narcotráfico e investigado por el presunto cobro de coimas pretende establecer un control único del flujo de capitales, bajo la excusa del «terrorismo».

Para hacerlo, se violenta la división republicana de los poderes omitiendo cualquier control por parte del Congreso y/o el Poder Judicial (ya que este nuevo organismo actúa por si y ante si, dirigido por un conjunto de espias de la Side y otras agencias, todas centralizadas por el gobierno en este novedoso empeño).

Repudiamos el decreto que, a mayor abundamiento de lo ya dicho, abre la puerta para intentar disciplinar, llegado el caso, a los trabajadores en sus medidas de acción directa, en sus movilizaciones y asambleas. Habrá allí un «ciclo terrorista» en ciernes, y podría acusarse a los representantes de los trabajadores de utilizar los derechos sindicales para “preparar actos terroristas».

Por todo lo dicho, entendemos que el Parlamento y el Poder Judicial deben fulminar de nulidad insanable el Decreto 717, como un nuevo intento de centralizar la suma del Poder Público por parte del gobierno.

No hay en Argentina otro terrorismo que el del hambre, la desocupación, la golpiza a las personas adultos mayores y la violencia contra las personas discapacitadas y la clase trabajadora en su conjunto.

Por todo ello, desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas ratificamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los/las trabajadores/as y sostenemos que medidas como la adoptada, que se suma a muchas otras de tenor represivo y regresivo, no pueden ser consentidas por la Sociedad y especialmente por los demás Poderes del Estado y el Movimiento Obrero.
Este tipo de acciones, además de poner al país en situación de ser sancionado por el incumplimiento de normas internacionales de cumplimiento obligatorio, ameritan ser investigadas por la posible comisión de delitos y constituyen ¨mal desempeño¨ en los términos de los arts. 39, 53 y 60 de la Constitución Nacional que regulan el Juicio Político.

En consecuencia, exigimos la inmediata derogación del Decreto 717/2025, caso contrario y frente a un uso abusivo del mismo promoveremos las denuncias ante los Organismos Internacionales, ante la Cámara de Diputados y las acciones jurisdiccionales pertinentes para lograr se haga efectivo lo previsto en la Carta Magna y se sancionen las inconductas referidas en cabeza de los responsables.

CONSEJO DIRECTIVO