Atacar a los laboralistas es atacar a los trabajadores

Las diatribas del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, contra la abogacía laboralista no constituyen una novedad. Se trata de un empresario que siempre percibió los derechos laborales como un límite a la rentabilidad de su grupo económico. Lo grave del asunto en esta oportunidad es que se enmarcan en un ataque al conjunto de las defensas y garantías de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

En efecto, si a la distancia analizamos cada uno de los actos o declaraciones del Gobierno Nacional vemos claramente que se trata de una persecución sistemática. Recordemos que a pocos días de asumir, se nombraron por decreto de necesidad y urgencia dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lamentablemente ese desprecio por los mecanismos legales de designación de jueces fue convalidado por los dos flamantes supremos, Rosenkrantz y Rosatti. Ese desprecio por las instituciones constitucionales se evidenció también, cuando desoyó a la democracia representativa reunida en el Poder Legislativo, al vetar la ley “antidespido”, resabio autoritario que significó una ofensiva directa a la estabilidad de la clase trabajadora. Pero luego los ataques se centraron en la Justicia Laboral, y no sólo con el proyecto de traspaso a la Ciudad de Buenos Aires y su consiguiente control por el Consejo de la Magistratura local y el agregado de una instancia más en los procesos a través del Tribunal Superior de Justicia. La ideología presidencial en esta materia se evidenció más claramente cuando Macri declaró que es necesario “una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte”, o que los jueces deben cambiar “o vamos a buscar otros jueces que nos representen”. Finalmente, el pedido de juicio político de los camaristas Arias Gibert, Marino, Raffaghelli y Cañal, y de la jueza González Burbridge, sumado a la recusación de la jueza Temis, en todos los casos por el contenido de sus sentencias, cierra el círculo de hostigamiento e intento de condicionamiento de la Justicia Nacional del Trabajo.

Los abogados y abogadas laboralistas también estamos acostumbrados a los agravios desde el poder político, no es éste el primer gobierno que lo hace. Pero esta vez, a la clásica acusación de ser parte de una “industria del juicio” se sumó la de integrar una mafia y ser los culpables de que cierren las empresas y de los consecuentes despidos. No hace falta ser muy sagaz para comprender que es la política económica la que deprime el consumo, que junto con las importaciones sin límites atentan contra la viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas.

El círculo se cierra con la andanada contra los sindicatos, que incluye varias intervenciones claramente ilegales. Se trata de actos de injerencia prohibidos por la Ley de Asociaciones Sindicales y hasta por el Convenio 87 de la OIT. Pero también en este caso, el objetivo no es sólo el debilitamiento de esas organizaciones.

Si observamos toda la situación, lo que se advierte es que se está atacando de manera directa y concertada todo el sistema de defensa e intermediación de los trabajadores y trabajadoras. Se limita la acción colectiva, la defensa, y la posibilidad del reclamo judicial. Por eso decimos que se trata de un ataque en regla contra la clase trabajadora.

Esta situación nos llevó a convocar desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) a todas las organizaciones involucradas en la defensa de los derechos sociales a coordinar acciones de repudio y resistencia, que tuvo su puntapié inicial en el acto del 5 de julio en el hotel Bauen, del que surgió una declaración que integra esta edición de La Causa Laboral. En ese marco también hemos presentado una denuncia ante el Relator Especial sobre la Independencia de los Jueces y de los Abogados y ante el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, ambos de la ONU, así como un pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Acompañamos también la denuncia de la CTA A, la CTA T y varios sindicatos de la CGT ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Hemos resaltado en declaraciones públicas que seguramente el objetivo que esconde el gobierno tras estos ataques es avanzar en reformas legislativas, además de las reformas de facto que supone el laissez faire del Ministerio de Trabajo en materia de violación de derechos por parte de las empresas.

Es muy preocupante en ese sentido la reforma laboral que el gobierno ilegítimo de Brasil impulsó y aprobó. Es indudable que ese el espejo en que se mira Macri, pero la imagen que se refleje en él dependerá de la resistencia del movimiento obrero, pues la magnitud de esa reforma implica lisa y llanamente la práctica derogación de las principales instituciones del Derecho del Trabajo.

El Gobierno no tendrá reparos en avanzar, y lo demostró con el violento desalojo de la planta de la empresa Pepsico que estaba pacíficamente ocupada por sus obreras y obreros, quienes habían sido ilegalmente despedidos. La respuesta popular fue una masiva movilización el día 18 de julio. De la resistencia colectiva dependerá entonces que el sueño del presidente de un país, sin sindicatos, sin abogados y abogadas laboralistas y sin justicia laboral, sea una realidad o no. Desde la AAL renovamos el compromiso de acompañar todas las luchas por la defensa de los derechos sociales.