Defendamos la Justicia del Trabajo

Lamentablemente, una vez más, debemos decir que, desde la constitución de una justicia especializada destinada a concretar los derechos derivados del principio protectorio, la Justicia Nacional del Trabajo ha estado permanentemente amenazada por sucesivos intentos para debilitarla, desmembrarla o, directamente, neutralizarla. El neoliberalismo siempre tuvo una relación incomoda con ella. Podríamos decir que la ha soportado a regañadientes, aguardando una oportunidad para dinamitarla, con métodos burdos o sutiles según el contexto histórico y político. Tenemos varios ejemplos de ello.

La Justicia del Trabajo es la herramienta idónea para bajar a la realidad los derechos de los trabajadores, ya que sin ella podrían ser sólo un muestrario de promesas y buenas intenciones, sin anclaje en el mundo real. Claro que para que cumpla el objetivo para el que fue creada, precisa contar con magistrados especializados, honestos y eficientes, pero, fundamentalmente, comprometidos con la plena vigencia del principio protectorio del Derecho del Trabajo.

Históricamente la Justicia Nacional del Trabajo funcionó como un faro de luz, iluminando con sus fallos y doctrina a todos los tribunales laborales del país, e interpretando progresivamente las normas jurídicas, más allá de circunstanciales idas y venidas.

Pero hoy se cierne sobre ella una gravísima amenaza: su traspaso al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la reforma judicial que ha anunciado el gobierno. ¿Por qué? Porque hoy es territorio dominado por el PRO y sus aliados, que encarnan la peor derecha y profesan un neoliberalismo paleolítico, disimulado bajo los ropajes del “buen administrador”. Porque controla con comodidad el Consejo de la Magistratura local, que nombra, remueve y sanciona a los jueces. En pocos años tendremos una Justicia del Trabajo “patronal”, el viejo sueño del poder económico.

Se trata, claramente, de un problema político, que debe encararse con criterios políticos. No es una cuestión constitucional, jurídica o académica, no, es un tema netamente político. Y no nos equivoquemos, los grandes perjudicados con el traspaso no serán los jueces laborales o los abogados, sino los trabajadores y las trabajadoras, y sus organizaciones sindicales.

Por eso convocamos al movimiento obrero argentino a resistir activamente este proyecto, al igual que a los legisladores, y a la clase política que se dice comprometida con la defensa de la clase trabajadora, a resistir y organizarse contra el proyecto de traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Buenos Aires, 4 de marzo de 2020

Consejo Directivo