AAL repudia las sanciones a sindicatos de transporte

Desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) rechazamos y denunciamos la decisión de la Secretaría de Trabajo del denominado Ministerio de Capital Humano de la Nación de imponer multas millonarias a los sindicatos La Fraternidad (de conductores de trenes) y UTA (de conductores de transporte colectivo de pasajeros), por manifiestamente ilícita y antisindical.

Las sanciones dispuestas no tienen respaldo alguno en la ley 14786, que regula el mecanismo de conciliación obligatoria, en cuanto las conciliaciones dictadas por la autoridad administrativa, en vigencia en febrero de 2026, respondían a conflictos en las respectivas actividades y resultaban absolutamente ajenas al paro general dispuesto por la CGT y demás centrales sindicales.

La institución de la conciliación obligatoria, en la medida en que afecta un derecho colectivo fundamental, como es el de huelga, debe interpretarse restrictivamente y no en la forma manifiestamente abusiva que pretende la autoridad de aplicación.

Las conciliaciones dictadas respecto de ambos sindicatos no guardaban relación alguna con el conflicto social de características nacionales que dio lugar al paro general de la CGT y demás centrales sindicales el 19 de febrero de 2026.

La ley 14786 no es aplicable a los paros nacionales, los que no pueden ser restringidos por el mecanismo de conciliación obligatoria previsto para otro tipo de conflictos.

Los sindicatos sancionados cumplieron con su responsabilidad de acatar la convocatoria de su central sindical con relación a un conflicto nacional.

Las sanciones comunicadas son de una gravedad manifiesta en cuanto desconocen el derecho de huelga tutelado en el art. 14 bis de nuestra Constitución y en normas internacionales sobre derechos humanos fundamentales de aplicación directa por remisión del art. 75 inc. 22 de la Carta.

Nos solidarizamos con los trabajadores de los sindicatos atacados por la autoridad administrativa y reclamamos se dejen inmediatamente sin efecto las sanciones que constituyen una restricción inadmisible en un estado de derecho y un nuevo intento de represión a la legítima protesta social.