AAL condena feroz represión contra trabajadorxs jubiladxs

Desde su asunción, el Gobierno viene sistemáticamente llevando adelante una política de cancelación y represión de toda manifestación y/o protesta llevada adelante por trabajadores/as, sus organizaciones y movimientos sociales quienes procuran mejores condiciones de vida y defienden sus derechos.

En un contexto de grave crisis económica, de profundización del ajuste general, donde la mayor parte de nuestra sociedad -55.5%- enfrenta condiciones de extrema pobreza, donde los precios de bienes de primera necesidad aumentan en forma sostenida, donde se recorta la cobertura integral en medicamentos, se suma el misérrimo aumento otorgado a jubilados y jubiladas a través de la aprobación de la ley de movilidad jubilatoria sancionada por el Congreso Nacional, vetado recientemente por el presidente de la Nación a través del Dto. 782/24.

Esta medida que afecta a seis millones de personas adultas mayores, motivó un rotundo rechazo por parte del colectivo, quienes salieron masivamente a las calles a manifestarse en contra de este paquetes de medidas y en defensa de sus derechos.

Tal como garantiza el art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional y la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores (ley 27.360), las personas adultas mayores gozan del derecho a jubilaciones y pensiones móviles, así como a disfrutar de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades (ley 27.360).

De acuerdo a la práctica consuetudinaria de este Gobierno, la protesta y movilización de los jubilados y jubiladas fue reprimida violentamente por 3 de las 4 fuerzas de seguridad, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y la Policía Federal.

En un operativo brutal y feroz arremetieron contra jubilados y jubiladas que se manifestaban en las inmediaciones del Congreso de la Nación, que termino con un saldo importante de heridos y personas detenidas.
Esta Asociación repudia vehementemente este accionar desplegado por el Estado Nacional, y expresa su profunda preocupación por este tipo de prácticas que atentan contra la democracia y el Estado de derecho.

Nos alarma tanto el ejercicio de la fuerza estatal represiva, como la sistemática violación a los derechos humanos por parte de quien es el principal obligado de garantizarlos: el Estado Nacional.

Es por ello, que esta Asociación repudia enérgicamente este retroceso en materia de derechos humanos, condena profundamente estos hechos de represión estatal, solicita la inmediata libertad de las personas detenidas, y reafirma su compromiso con la democracia, con la plena vigencia del Estado de Derecho y los derechos humanos fundamentales.

CONSEJO DIRECTIVO