Reformas de fondo

El proyecto de Reforma Laboral enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Senado, a finales de 2017, ha naufragado. Desde luego que la oposición de las organizaciones sindicales y la magnitud de las movilizaciones contra la Reforma Previsional fueron la clave para ese fracaso. Pero no debemos restar mérito a la tarea militante de denuncia que impulsamos desde la AAL – junto a otras organizaciones de trabajadorxs y abogadxs laboralistas- , advirtiendo a los legisladores y a la sociedad en general que se trataba de una reforma profundamente regresiva, que atentaba incluso contra los pilares del Derecho del Trabajo.

Pero el Gobierno Nacional embiste nuevamente con la Reforma. Esta vez a través de un grupo de senadores de la Alianza Cambiemos. En una actitud no exenta de simbolismo, el 1° de mayo dio a conocer su pretensión, ahora en la forma de tres proyectos de ley: uno denominado “Regularización de empleo no registrado”, uno de “Prácticas formativas” y otro que crea una “Agencia Nacional de Evaluación de tecnologías de Salud”.

Hemos elaborado un documento crítico (http://www.laboralistas.net/2018/05/16/ante-la-reforma-laboral/) en el cual analizamos en profundidad los mentados proyectos, pero no podemos dejar de señalar aquí que se trata de una reforma centralmente similar a la que fracasó a finales del año pasado: reducción de la indemnización por despido, limitación del principio de irrenunciabilidad, amnistía para los empresarios que contratan trabajo en forma clandestina, precarización laboral a través de las pasantías, intento de propiciar un fondo de cese de empleo, etc.

Del mismo modo, hay que recordar que en el marco de esta “reforma laboral en cuotas”, el Poder Ejecutivo, el 9 de marzo, ya había presentado un proyecto llamado “ley de equidad de género”, que intentando hacerse eco de la impactante movilización del Paro Internacional de Mujeres del 8M, sugiere un conjunto de reformas que declama objetivos loables (“igualdad salarial estricta”, no discriminación, ampliación de licencias, etc.) pero que en concreto contiene pocos avances reales y algunas peligrosas regresiones, tal como lo analizamos oportunamente mediante otro documento crítico (http://laboralistas.net/2018/05/16/ante-la-reforma-laboral/).

Sin embargo, a este nuevo embate se suma una modificación del contexto general, producto de las propias políticas macroeconómicas implementadas por la actual gestión: el retorno de la Argentina al Fondo Monetario Internacional.

La política de endeudamiento permanente y aumento de las tasas de interés al 40 %, revelan la supremacía absoluta del capital financiero, en detrimento de una política industrial que sirva para impulsar el pleno empleo con salarios dignos, que redunde en aumento del consumo y reactivación de la economía.

Argentina se encuentra a merced de los mercados financieros, cuyas turbulencias auguran “un final horroroso, o un horror sin fin”.

El FMI, creado según se decía para estabilizar y consolidar las monedas del “Mundo Libre”, no ha hecho más que envilecerlas en mayor grado y ponerlas a merced de un dólar ficticiamente valorizado desde que se decretó su inconvertibilidad en 1971.

En ese marco, el discurso oficial de la necesidad de una Reforma Laboral que resuelva los problemas de la falta de inversión ya no resiste el menor análisis. Por el contrario, ratifica que jamás una flexibilización de la normativa laboral sirvió para enfrentar una crisis económica con éxito ni para generar mayor oferta de puestos de trabajo.

Concluye Bohoslavsky, experto independiente de la ONU en materia de deuda externa, en su reciente Informe sobre los derechos laborales frente a las políticas de austeridad: “Las reformas laborales convencionales adoptadas en los últimos años en el marco de políticas de austeridad no parecen haber ayudado a los países a recuperarse ni han permitido reinstaurar un acceso al empleo equivalente al de antes de la crisis. En lugar de ello, han socavado los derechos laborales y otros derechos sociales consagrados en el derecho internacional. Por consiguiente, ya es hora de cuestionar la idea imperante de que la desregulación de los mercados de trabajo es una respuesta adecuada y legítima a las crisis financieras. Antes bien, lo que se necesita es todo lo contrario, es decir, medidas de reforma guiadas por el contenido normativo de los derechos laborales consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos que fomenten la igualdad de género, favorezcan el empleo y proporcionen mayores posibilidades de ejercer esos derechos a los grupos y las personas marginadas” .

Sin inmutarse por esta crónica de una muerte anunciada, el Gobierno negocia un nuevo acuerdo con el FMI – como salida a la crisis de endeudamiento creciente y exponencial, sin necesidad real alguna de hacerlo -, cuyos condicionamientos incluyen la Reforma Laboral y una nueva Reforma Previsional.

No se trata de una caracterización general del FMI, ni siquiera de una proyección de sus últimas intervenciones o “salvatajes” de países en crisis. Surge del informe del propio FMI para Argentina publicado en 2017. Indica que hay que “disminuir el nivel de indemnizaciones y simplificar los procedimientos colectivos de despido”, “facilitar el uso de contratos temporales (incluidos los de aprendizaje) y contratos a tiempo parcial”, “limitar la extensión de la cobertura de los convenios colectivos más allá de los signatarios directos”, y que “el salario mínimo deberá indexarse de acuerdo a la inflación”.

Es por eso que el Gobierno no va a cejar en su intento de reformar la legislación laboral, tanto en beneficio de los empresarios como, ahora, bajo el argumento de“cumplir con las exigencias del FMI”.

Lamentablemente algunas recientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – como es el fallo Rica – no nos permiten ser auspiciosos de la garantía que debiera significar el Poder Judicial frente a reformas regresivas, más allá, claro está, del inestimable valor de muchos fallos de tribunales laborales inferiores, que cumplen con la manda constitucional del art. 14 bis a pesar incluso de las fuertes presiones del gobierno.

Es por eso también que resulta insustituible la acción colectiva de las trabajadoras y trabajadores para resistir este nuevo embate, lucha que contará con el apoyo de esta Asociación.