Matías Cremonte: «Ni la dictadura avanzó tanto como esta reforma laboral»

“Ni la dictadura pudo avanzar tanto contra la ley de contrato de trabajo, como esta reforma laboral”, subrayó Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y vocal de AAL, al analizar la sanción, y ahora reglamentación, del capítulo de la Ley Bases relacionado con los derechos de los trabajadores. Cremonte, en nota publicada hoy por el Diario La Capital de Rosario apuntó que la “rentabilidad y sometimiento son los dos grandes objetivos” de este cambio.

La reciente reglamentación de la Ley Bases, que introduce una profunda reforma laboral en Argentina, abrió el debate. El presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, consideró que este cambio representa un retroceso sin precedentes en los derechos de los trabajadores. “La democracia en 40 años nunca le había devuelto a la clase trabajadora argentina los derechos que la dictadura le había arrebatado, pero ahora esta regresión se profundizó con esta refroma”, afirmó.

El abogado señaló que esta reforma laboral tiene dos objetivos claros: aumentar la rentabilidad empresarial y reforzar el sometimiento de los trabajadores. «Ningún diputado ni el propio Poder Ejecutivo plantea que esta reforma va a mejorar la vida o las condiciones de trabajo de las personas que trabajan, todos reconocen que es una reforma que va a establecer más penurias y más sacrificios, pero lo que dicen es que esto en el futuro va a redundar en un crecimiento del empleo y de la actividad económica», explicó en declaraciones al programa radial La Banda Cambiaria.

Sin embargo, Cremonte advirtió que esta lógica ha fracasado en otras partes del mundo y que no hay razones para creer que será diferente en Argentina. «Está demostrado que eso no es así, nunca ocurrió ni en Argentina ni en el mundo», sostuvo.

Cambios clave de la reforma laboral

El capítulo laboral de la Ley Bases, ahora reglamentado, introduce una serie de cambios que, para Cremonte, constituyen una amenaza directa a los derechos históricos de la clase trabajadora. Entre los más destacados se encuentra la extensión del período de prueba para los trabajadores, que podrá durar hasta un año en pequeñas empresas de menos de cinco empleados. Durante este tiempo, los trabajadores pueden ser despedidos sin causa y sin recibir indemnización, una medida que, según el abogado, fomenta el «sometimiento» de los empleados.

“Si el período de prueba aumentó de tres meses a 12 meses, eso supone que durante 11 meses y 29 días la persona seguramente no va a ejercer derechos bajo la promesa de ser efectivizado, no se afiliará al sindicato, mucho menos sumarse a una huelga, y aceptará tareas que en otras condiciones no haría porque pueden ser riesgosas», explicó.

Esta ampliación, «combinada con la eliminación de la presunción de relación laboral en casos de fraude con monotributistas», crea «un escenario en el que los trabajadores estarán más vulnerables frente a las empresas».

Otro de los puntos críticos es la habilitación de despidos justificados en caso de participación en bloqueos, bajo el argumento de «grave injuria laboral». Cremonte destacó que esta medida «es un ataque directo a uno de los derechos más fundamentales de los trabajadores: el derecho a huelga». Esta disposición permitirá a las empresas despedir con causa a los trabajadores que participen en acciones de protesta.

Tercerización y fondo de cese laboral

La reforma también introduce cambios que afectan a los trabajadores tercerizados. Cremonte subrayó que, con las modificaciones actuales, los empleados contratados a través de empresas tercerizadas no serán considerados empleados de la empresa principal, lo que genera un escenario de mayor precarización laboral. «Esto desresponsabiliza a la empresa principal y genera un aumento de la rentabilidad a costa de los derechos laborales», indicó el abogado.

En cuanto al fondo de cese laboral, que reemplazaría a la indemnización por despido, Cremonte señaló que su implementación dependerá de la negociación colectiva en cada sector. Esto «genera incertidumbre sobre si los trabajadores recibirán la protección adecuada, ya que las empresas podrán optar por autoasegurarse o contratar un servicio privado para cubrir los despidos, debilitando el sistema de indemnizaciones actual».

Matías Cremonte fue contundente al hablar sobre la respuesta del sector empresarial frente a la implementación de la reforma. «La reacción de las empresas ha sido vergonzosa», afirmó, señalando que muchas empresas comenzaron a intimidar a los trabajadores en huelga con amenazas de despido bajo el amparo de la nueva ley. Esto, entiende, «evidencia que los verdaderos impulsores de la reforma no fueron los diputados ni el Poder Ejecutivo, sino grandes estudios corporativos que ven en estos cambios una oportunidad para maximizar sus ganancias».

«Esta reforma no busca incrementar la productividad mediante innovación o mejoras tecnológicas, sino a través de una mayor explotación del trabajador. Se trabaja más, se paga menos, y por ahí es donde aumenta la rentabilidad», añadió.

El especialista resaltó que este nuevo avance sobre la ley de contrato de trabajo apunta en el fondo a la «deslaboralización». Explicó que se trata de ir suprimiendo el derecho laboral. «La ley de contrato de trabajo establece que cualquier prestación de servicio de una persona en favor de otra hace presumir que hay una relación laboral, hay casos en las que puede no haberla, pero normalmente la hay», explicó. Ahora, agregó, se reformó el artículo que hacía presumir una relación laboral y reemplazarla por un concepto propio del derecho civil, por el cual relaciones como las que se expresan monotributo mediante son «entre partes iguales».

Ante este escenario, la pregunta que surge es: ¿qué herramientas tienen los trabajadores y los sindicatos para resistir esta reforma? Para Cremonte, la acción sindical sigue siendo la herramienta más poderosa para enfrentar estos cambios. «La respuesta colectiva de los trabajadores y los sindicatos será fundamental», afirmó, señalando que, aunque los desafíos legales podrían prosperar en los tribunales, «estos procesos son largos y afectan a casos individuales».

Además, consideró que muchos de los cambios introducidos contradicen la Constitución Nacional, especialmente en lo que refiere al principio de no regresividad de los derechos sociales. «Va a comenzar un proceso de declaraciones de inconstitucionalidad, pero esto ocurrirá para casos concretos y siempre tarde», lamentó el abogado, señalando que los efectos inmediatos de la reforma se sentirán mucho antes de que lleguen estos fallos judiciales.

El presidente de la ALAL mencionó que otros países de la región, como Brasil, Colombia y Chile, ya están intentando volver atrás con algunas reformas laborales que redujeron derechos en el pasado.

«Podemos pensar en una reforma laboral que sea progresiva, que otorgue mejores derechos. Esto no es imposible, pero requiere de mayorías parlamentarias favorables y un movimiento obrero fortalecido», concluyó Cremonte, recordando que hace pocos meses se debatía en el Congreso la posibilidad de reducir la jornada laboral, lo que demuestra que el país «aún tiene la capacidad de avanzar hacia una legislación laboral más justa».

Por ahora, sin embargo, la realidad es que la Ley Bases y su reforma laboral están vigentes, y para Cremonte, «esto representa un retroceso en la historia de los derechos laborales en Argentina».

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